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Nicaragua presenta Libro Blanco sobre Covid-19

May 29, 2020, 2:26 pm
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Reuters
Por GT | LINyM

El 25 de mayo pasado, el gobierno de Nicaragua presentó el Libro Blanco "Nicaragua ante la pandemia de COVID-19: Una estrategia singular" (descargá aquí la carpeta con las versiones en español e inglés )

En el amplio documento se afirma que el país tiene un modelo de salud basado en la realidad y condiciones de Nicaragua, que atiende con un enfoque preventivo a personas, familias y comunidades con acciones proactivas. Un modelo que promueve una estrategia de equilibrio entre la lucha contra la pandemia y la necesidad de no cerrar la economía.

Según el último informe de las autoridades sanitarias (26/5), en Nicaragua hay 759 casos confirmados, de los cuales 354 aún son activos y 370 se han recuperado, y 35 fallecidos. 

A continuación reproducimos parte del Resumen Ejecutivo.
Más arriba 👆👆👆 el enlace para descargar el documento.

"... La política implementada se basa en el hecho de que el 40% de la población vive en el campo y el 80% de los trabajadores del área urbana pertenecen al sector informal y ganan su sustento diario. A la vez, estamos defendiendo la recuperación económica de una economía debilitada por el intento de golpe de Estado de abril de 2018, que continúa bajo ataque por campañas de noticias falsas y desinformación, así como ilegales medidas coercitivas.

El país ha estado bien preparado para esta lucha contra la Covid-19, debido a:
1) El fortalecimiento del sistema de salud (2007-2020);
2) Preparación desde enero del 2020, dos meses antes de la aparición del primer caso
3) El conjunto de acciones emprendidas.

Fortalecimiento de la salud 2007-2020
Se presenta como Nicaragua está en mejor posición hoy en día para enfrentar la pandemia, comparado a los dieciséis años de período neoliberal, con más infraestructura de salud modernizada (18 nuevos hospitales), con más personal capacitado (36,649 trabajadores de la salud en 2020 comparados a 22,083 en 2006; 6,045 médicos en 2020 comparados a 2,715 en 2006) y con programas emblemáticos y solidarios que ponen de manifiesto el compromiso sagrado del gobierno por restituir derechos a la población.

Preparación para el COVID-19
Cuando se produjo el brote de Covid-19 en Wuhan, China, el 21 de enero, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó una conferencia de prensa para advertir a la población sobre el riesgo y comunicar medidas de prevención. Esto es casi dos meses antes de que se presentara el primer caso en Nicaragua, el 18 de marzo.
Desde la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud de la Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), el 30 de enero de 2020, Nicaragua estableció una comisión interinstitucional para asegurar un enfoque comprensivo.

El 9 de febrero, el Minsa dio a conocer un "Protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo de virus coronavirus (Covid-19) en Nicaragua", para asegurar la vigilancia, detección temprana de casos sospechosos y confirmados. Se establecieron medidas preventivas para reducir la transmisión del virus y se implementó un plan comunicacional permanente, dirigido a la población, y se han llevado a cabo acciones de educación y control fronterizo, basados siempre en los protocolos de la OMS/OPS.

El Protocolo también designó 19 hospitales para ser especializados en Covid-19, uno de ellos, el Alemán-Nicaragüense, exclusivamente para enfermedades respiratorias, contempló mayor preparación de las unidades de atención primaria para el abordaje de los cuadros respiratorios a nivel nacional, el entrenamiento de personal público y privado, y la adquisición de equipo de protección. Nicaragua también tenía establecida una capacidad de seguimiento a contactos. Así, Nicaragua estuvo preparada antes de la aparición del primer caso de Covid-19 en el país el 18 de marzo.

Acciones frente al COVID-19
Como parte del protocolo diseñado por el Minsa en respuesta a la pandemia del Coronavirus, en Nicaragua se ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a cientos de personas sospechosas o que han tenido contacto con los casos confirmados en el país. Así mismo, más de 42 mil viajeros internacionales fueron sujetos de vigilancia por 21 días para detectar posibles casos de Covid-19. 

Este seguimiento dado a los viajeros, casos sospechosos y contactos de casos positivos, incluye la realización de controles diarios del personal de salud del puesto o centro de salud más cercano a su domicilio, a partir de los cuales el personal médico decide diariamente las acciones pertinentes: continuidad del seguimiento, hospitalización o alta, según sea el caso.

Más de 4.6 millones de múltiples visitas educacionales casa a casa fueron realizadas en un país de 6.2 millones de habitantes, por 98,224 voluntarios para promover la salud familiar y comunitaria. Además de una intensa campaña informativa en los medios acerca de las medidas de prevención, divulgación de los síntomas y actuación ante la enfermedad, también se ha creado un Centro Nacional de Información que cuenta con una línea telefónica gratuita en la cual personal preparado y médicos despejan cualquier duda que pueda tener la población y la orienta adecuadamente sobre cómo actuar ante la pandemia.

También se cuenta con un programa de desinfección de unidades de transporte público, tanto colectivo (autobuses) como selectivo (taxis); mercados populares, edificios gubernamentales y centros de estudio a todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y universidades públicas.

El Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Universidades, en coordinación con el Ministerio de Salud, han adecuado sus instalaciones físicas, han diseñado protocolos de prevención y han ajustado sus programas de estudio para incluir charlas de salud preventiva y reforzamiento de hábitos saludables para todos sus estudiantes.

Conclusiones
En síntesis, Nicaragua ha estado preparada para enfrentar la pandemia de la Covid-19 y cualquier otra similar, así como ha estado preparada para enfrentar desastres naturales debidos al clima, principalmente por razones de su propio modelo de respuesta en salud, que es de carácter eminentemente preventivo y basado en la participación activa de la familia y la comunidad, pero también porque ha invertido una parte fundamental de sus escasos recursos económicos en la construcción de nuevas unidades de salud y en la modernización de las ya existentes, así como en el crecimiento numérico y en la mejora continua de su personal médico, de enfermería y técnico, además de su distribución más equitativa en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, ante la aparición misma de la Covid-19, las respuestas dadas por el gobierno de Nicaragua se han realizado en coordinación con las instancias regionales del SICA y contando además con la cooperación de naciones hermanas como Taiwán, Cuba y Corea del Sur.

Nicaragua ratifica, pues, su confianza en el éxito de sus políticas basadas en la defensa de la salud y la vida de las familias y comunidades, con su participación activa en la prevención de enfermedades, epidémicas y no epidémicas, pero también en resguardo de la economía familiar, comunitaria, local y nacional, lo que ha permitido y seguirá permitiendo nuevos logros en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo humano del país, aún en tiempos adversos de crisis económica y cambio climático, aún en tiempos de Covid-19.

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Black lives matter! ¡Basta ya!

June 1, 2020, 2:09 pm
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Foto eitb.eus
Por Simona Yagenova |ALAI
Puedes dispararme con tus palabras,
puedes herirme con tus ojos,
puedes matarme con tu odio,
y aún así, como el aire, me levanto.
Maya Angelou, Aun así, me levanto

George Floyd fue asesinado el lunes 25 de mayo 2020 por un policía blanco en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Floyd es la última víctima de una larga lista de hombres, mujeres y niños afroamericanos asesinados por fuerzas policíacas en los EEUU; 1949 vidas se perdieron por la brutalidad policíaca con tintes racistas entre 2013 y 2019.

George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbory, Tamir Rice, Trayvon Martin, Oscar Grant, Eric Garner, Philando Castile, Samuel Dubose, Sandra Bland, Walter Scott, Terrence Cruther, Michael Brown y tantos otros; nombres que están impregnados en la conciencia colectiva del pueblo afroamericano, porque representan el continuum de la larga historia de la violencia sistémica y del racismo estructural que se ha ensañado una y otra vez en su contra. 10,885 crímenes de odio racial contra el pueblo afroamericano se registraron entre los años 2014 al 2018.

Cuando el color de tu piel es el factor decisivo que pueda determinar si puedas ser asesinada, violentada, agredida física o psicológicamente y no pasa nada, una y otra vez, la ira, frustración y el dolor se acumulan y estallan.

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La pandemia acelera la lucha por el poder mundial

June 5, 2020, 9:15 am
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Por Augusto Zamora R. | Público.es/Rebelión

Mientras una generalidad de países se esfuerza en combatir como puede la pandemia del covid-19, otros, además de combatir la pandemia, no cesan de prepararse para combatir en otros escenarios que nada tienen que ver con el indeseado virus.

Para decirlo de otra manera, los centros del poder mundial saben que la pandemia (pese a toda la carga de gravedad y dramatismo que lleva) no deja de ser un incidente en las anchas e inciertas vías de la historia. Que la vacuna, sea china, yanqui, rusa o española, o todas a la vez, estará disponible en unos meses y que se volverá a una nueva y modificada normalidad, pero normalidad a fin de cuentas. La geopolítica del poder mundial seguirá, no obstante, siendo la misma, como continuarán siendo iguales los retos y desafíos que plantea su reparto. Puede que el único efecto de la pandemia en la política mundial sea agudizar las contradicciones y acelerar los escenarios de conflicto, sobre todo entre EEUU y China.

Así parecen entenderlo en China, país foco de la pandemia y primero que la ha superado, como se desprende del discurso del presidente Xi Jinping, el pasado 26 de mayo, ante la Comisión Militar Central (la versión china del Pentágono, para hacernos mejor idea, ya que tenemos nuestro imaginario saturado de virus de simbología yanqui). Después de elogiar el papel de las fuerzas armadas en el combate contra la pandemia, Xi afirmó que «la epidemia ha generado un profundo impacto en el panorama global y también en la seguridad y el desarrollo de China». Xi «ordenó a las fuerzas armadas pensar en el peor de los escenarios, intensificar el entrenamiento y la preparación para la batalla, abordar rápida y eficazmente todo tipo de situaciones complejas y salvaguardar decididamente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo». Imposible ser más claro. «Pensar en el peor de los escenarios» es referirse, sin decirlo, a una guerra abierta con EEUU, para lo que EEUU se prepara también, debe apuntarse.

El pasado 16 de mayo, el diario británico The Times publicó un artículo titulado US ‘would lose any war’ fought in the Pacific with China (EEUU perdería cualquiera guerra en el Pacífico contra China), artículo en el que daba cuenta de que EEUU había realizado simulaciones de juegos de guerra con China. Según recoge la información, «Fuentes de defensa estadounidenses le dijeron al Times que los conflictos simulados realizados por Estados Unidos concluyeron que sus fuerzas se verían abrumadas. Un juego de guerra fue situado en el año 2030, cuando la marina china tendrá operativos nuevos submarinos de ataque, portaaviones y destructores». El análisis concluyó «que la acumulación de misiles balísticos de mediano alcance de Beijing ha logrado desde ya que todas las bases estadounidenses y cualquier grupo de batalla de portaaviones estadounidense que opere en la región del Comando Indo-Pacífico sean vulnerables a ataques masivos». Esta situación también afectaba a la isla de Guam, con diferencia la principal base de bombarderos estratégicos estadounidenses, como el B-2. Nos llama la atención el año de los juegos de guerra, pues en el libro Réquiem polifónico por Occidente, señalábamos ese año como crucial en el choque de trenes que se avecina entre EEUU, Rusia y China. Los datos manejados no andaban mal encaminados.

Deben, en EEUU, tomarse muy en serio el tema, pues, el 16 de abril de este 2020, según informara Defense News, el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el republicano Mac Thornberry, propuso una Iniciativa de disuasión del Indo-Pacífico (IPDI) dotada con 6.000 millones de dólares para 2021.»El Indo-Pacífico ha sido llamado nuestro teatro de mayor prioridad y creo que es cierto. Es hora de poner nuestro dinero donde está nuestra boca», dijo Thornberry a Defense News. «Este esfuerzo consolida y financia las políticas, la infraestructura y las plataformas necesarias para tranquilizar a nuestros aliados y socios mientras disuadimos a China».

Paralelamente, la Marina de EEUU está proponiendo readecuar su estrategia militar, haciendo algo hasta hace escaso tiempo absolutamente impensable: reducir el número de portaaviones y buques de guerra para adaptar la potencia naval de EEUU a las nuevas realidades armamentísticas. Los portaaviones pasarían de 11 a 9; reducirían el número de grandes buques de superficie a un máximo de 90; aumentarían las naves pequeñas a 70 unidades y, la gran novedad, construirían no menos de 65 buques no tripulados o con tripulación mínima, o sea, gigantescos drones marinos. La explicación a este nada sorprendente cambio es obvia: el desarrollo de misiles hipersónicos por Rusia y China y los nuevos modelos de submarinos, convierten a los portaaviones en algo no sólo inútil, sino suicida (remitimos al capítulo Hermes misilístico versus Vulcano armatoste de nuestro libro Réquiem polifónico). Lo dijo con sus palabras el actual secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, quien afirmó que el Pentágono quiere deshacerse de sus portaaviones como pieza principal de proyección de poder, para enfocarse en la producción de buques no tripulados que puedan ser sacrificados en caso de conflicto. Vaya, guerra sí, pero sin bajas humanas. Una utopía donde las haya (a ese paso, el siguiente proyecto estratégico de EEUU podría ser contratar a Darth Vader).

¿Y Rusia? Poca cosa. El gobierno ha anunciado que, para 2023, serán incorporados más de 60 buques a la Armada; que están en marcha las primeras pruebas de lanzamiento desde submarinos del misil hipersónico Tsirkón, capaz de portar ojivas nucleares y, ojo, lo más relevante. Que en unos meses pondrán a prueba el dron submarino Poseidón, llamado también el «arma del apocalipsis», por su devastadora capacidad de destruir lo que pueda haber de infraestructuras costeras en la zona geográfica atacada. El Poseidón podría cargar hasta 400 megatones (la bomba de Hiroshima tenía un máximo de 20 kilotones; un megatón equivale a mil kilotones). Para 2027, la Flota del Norte  y la Flota del Pacífico de la Armada rusa recibirán 32 drones nucleares Poseidón, suficientes para dejar desinfectadas de virus y humanos las principales zonas costeras estadounidenses. EEUU no posee un arma similar. Como expresó un analista militar estadounidense, «los rusos tienen la ambición de usar el dron submarino de propulsión y armas nucleares como medio de represalia si su capacidad de lanzamiento de armas nucleares se neutraliza durante la guerra».

Hay más. El cazabombardero ruso de quinta generación Su-57, ha pasado casi todas las pruebas y se prevé que 76 de estas aeronaves sean entregadas a las fuerzas aeroespaciales rusas. El Su-57 está considerado el mejor del mundo en su especie. El presidente Vladimir Putin, no obstante, ha querido calmar al personal: «Rusia no se está preparando para una guerra, pero se están creando las condiciones precisas para que a nadie se le ocurra la idea de la guerra». Si vis pacem, para bellum, dijo Flavio Vegecio, quien escribió su máxima para seres razonables y quienes provocan las guerras suelen ser todo, menos eso, razonables (vean, si no, a Libia, Afganistán, Iraq o Siria).

Algo es algo, pero en EEUU andan por otros derroteros. Trump ha retirado al país de casi todos los tratados de control de armamentos y, sorpresa, anuncia la posibilidad de realizar nuevas pruebas de armas nucleares, lo que está prohibido en el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, lo que podría ser anticipo de que EEUU se retirará del mismo. China y Rusia han respondido llamando al cumplimiento del tratado y avisando que, si EEUU vuelve a las andadas, ellos también. Por ese camino nos quiere llevar la mayor democracia occidental. Explicaremos por qué.

EEUU pudo ser lo que fue gracias a dos factores: su lejanía geográfica, que le evitó los estragos de las guerras mundiales, y poseer una supremacía naval indiscutible. Hoy, los nuevos armamentos han convertido la antigua ventaja en una desventaja insuperable (excluimos la guerra nuclear, pues esa sería el fin de todos los problemas). Los nuevos sistemas de misiles convierten el aislamiento geográfico en aislamiento militar y, por tanto, político y económico. Ya no tiene EEUU supremacía marítima irrebatible, ni su territorio escaparía a un ataque nuclear masivo. Ya no hay manera de transportar por mar a centenares de miles de soldados, ni forma alguna de proveer a sus aliados de material militar que, forzosamente, debe hacerse por barco. Los 560 o 580 buques que componen la flota de EEUU serían hundidos en semanas o, si se quiere, en meses.

Construir un portaaviones lleva, como poco, cinco años. Un buque de guerra al menos dos. No habría posibilidad ninguna de sustitución o reemplazo porque, en ese mismo periodo, se pueden fabricar decenas de miles de misiles. No hay que ser egresado de West Point para entenderlo. Esa razón explica por qué las simulaciones de guerra con China, hechas por el Pentágono, terminan todas en derrota de EEUU. Por ese mismo motivo, Rusia dedica su principal esfuerzo militar a misiles hipersónicos, drones pavorosos y sistemas de misiles antimisiles. Un mundo nuevo entierra al viejo, como las formaciones de ágiles flecheros sepultaron a los caballeros de relucientes armaduras, lentos y pesados y, por tanto, blanco fácil de los arqueros. Ocurrió en Crécy, en 1346.

En suma, la pandemia llevará a cambios internos en los países (más en unos que en otros), para prevenir nuevas pandemias y estar preparados para enfrentarla o dotarse de niveles mínimos de soberanía médico-sanitaria. Nos lavaremos más las manos, habrá pantallas separadoras en sitios públicos y, quizás, reciclemos más los desechos hogareños. Será peccata minuta en relación a lo que ocurrirá entre los grandes poderes. ¿Y la Unión Europea? Tiene ahora mejores condiciones que nunca para hacerse con su propio espacio internacional, atendiendo a los intereses de sus pueblos. ¿Lo hará? Piense mal y acertará. Lo más seguro es que siga de perrito faldero de EEUU y ponga en riesgo su futuro por asociarse a un país ‘que tiene su boca’ en el Pacífico. Algo así como el reflejo condicionado de Pavlov aplicado a la política. Una pena.

Fuente: Rebelión

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“Debemos avanzar en la soberanía alimentaria” Bertha Zúniga Cáceres

June 5, 2020, 10:02 am
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Foto G. Trucchi | Rel UITA
Pueblos originarios y pandemia

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La pandemia en Honduras sigue golpeando duro. Más de 5.500 casos y unos 230 fallecidos. Siendo uno de los países con mayor índice de desigualdad y pobreza (67 por ciento) en Latinoamérica, es inevitable que la pandemia se haya ensañado en especial contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

La zona rural es donde más se miran los efectos nefastos del modelo neoliberal impuesto por las élites nacionales y el gran capital transnacional.

Pueblos indígenas y negros, comunidades campesinas sufren los principales embates de una crisis sanitaria que pone al desnudo la crueldad y falta de humanidad de este sistema.

Pese a dificultades y limitaciones, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh[1] e hija de Berta Cáceres, aseguró a La Rel que es imprescindible redoblar esfuerzos e impulsar formas de autogestión y soberanía alimentaria.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a las comunidades indígenas?
-Vino a agudizar aquellas problemáticas que ya son casi crónicas, en particular el desabastecimiento de alimentos.

Afortunadamente la mayoría de comunidades organizadas en el Copinh son productoras de granos básicos. Pero hay otras que sufren escasez de agua y que viven momentos muy difíciles.

Además, la cuarentena imposibilitó la venta de productos comunitarios y otras actividades comerciales informales. También hay un recrudecimiento de la violencia de género y un incremento de los abusos policiales y militares.
Sin cuarentena para los abusos

-¿Ha habido muchos abusos?
-La cuarentena les permitió adueñarse de las calles, atacando de manera selectiva y con saña a quienes identifican como opositores. Y como nadie los controla, hacen lo que les da la gana.

Miembros del Copinh han sufrido golpizas y detenciones arbitrarias. En otras zonas del país se registraron muchos casos de represión y violación de derechos humanos.

-¿También ha habido cuarentena para el extractivismo en Honduras?
-Para nada. Uno de los primeros actos del gobierno, luego de declarar el estado de emergencia, fue lanzar una plataforma digital para presentar solicitudes de licencia ambiental en línea. Las autoridades se comprometían a otorgar la licencia en un plazo de 90 días.

Además, en apego a la Ley de Secretos Oficiales[2], todo lo que está relacionado con estudios técnicos ambientales se considera “información reservada”[3]. Tampoco se puede conocer la ubicación de los proyectos.

No sólo el extractivismo no se ha detenido, sino que vemos como siguen burlándose de quienes venimos luchando para que se garantice a las comunidades el derecho a la consulta previa, libre e informada.

-¿Cómo se ha organizado el Copinh para apoyar a las comunidades?
-Hemos potenciado el funcionamiento de nuestras radios comunitarias para posicionar cuatro puntos importantísimos.
El primero fue desarrollar una campaña sobre medidas de prevención y convivencia con personas contagiadas. Tuvimos el apoyo de médicos de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación y fue una campaña muy aterrizada a la realidad y limitaciones de las comunidades.

“Honduras solidaria”

Las radios sirvieron también como espacio de denuncia de abusos, así como de la corrupción gubernamental relacionada con la distribución de alimentos. El programa “Honduras Solidaria” fue una farsa. Fue indignante.

También se trabajó para la promoción de la soberanía alimentaria, dando todos los elementos para multiplicar los huertos familiares y comunitarios, y así diversificar la oferta alimentaria.

Finalmente se desarrollaron campañas dirigidas a la población infantil y juvenil para promover la educación, en vista de la reapertura de las escuelas.

Aparte de eso, tuvimos también que apoyar con alimentos algunas comunidades que sufren escasez crónica de agua y la producción no da abasto, producimos cartillas de salud y hasta proveemos tela para hacer mascarillas.

En fin, fue todo un trabajo de auto organización que envía señales importantes.

-¿Qué tipo de señales?
-Los impactos de la pandemia, sumado al saqueo presupuestario del régimen y el enorme endeudamiento, van a traer consecuencias gravísimas.

Por eso queremos apoyar más el desarrollo de huertos familiares y comunitarios, reivindicando la autonomía de las comunidades, la soberanía alimentaria y un modelo diferente de agricultura.

Notas
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
[2] Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional
[3] https://bit.ly/2Xsrrr7

Fuente: Rel UITA
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Costa Rica: “Logramos un primer paso”

June 8, 2020, 8:56 am
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Pero Dole sigue haciendo de las suyas

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El pasado 29 de mayo, Filimon Ángulo Duarte, trabajador de Agroindustrial Piña del Bosque (Standard Fruit Company de Costa Rica |Dole) afiliado al Sinatraa, fue reinstalado por orden judicial tras haber sido despedido de manera injustificada y discriminatoria[1].

La subsidiaria de la transnacional frutera había decidido “deshacerse” de su trabajador cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó reubicarlo en un puesto que no empeorase su estado de salud.

El sindicato, con el apoyo de la Fentragh[2], interpuso una demanda ante el Juzgado del Trabajo de Alajuela, logrando su reinstalación provisional. En el acta de acompañamiento para la reinstalación se le advirtió a la empresa “abstenerse de impedir u oponer obstáculo a lo ordenado en la resolución”.

Además, la empresa deberá pagar los salarios a partir del día 26 de mayo, fecha de la notificación de la resolución judicial, y el monto se determinará en base al salario promedio diario devengado por Duarte.

“Se logró un primer paso, aunque la empresa ya apeló la resolución y sigue empecinada en decir que no hay labores aptos para él.

Después de su reinstalación no sólo no le dieron trabajo, sino que lo tienen en un centro que ni siquiera es propiedad de la empresa”, dijo a La Rel, Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

“Aunque el lugar está bien acondicionado y el trabajador dice sentirse cómodo, creemos que la empresa debe cumplir con la resolución judicial, reubicándolo en un puesto compatible con su estado de salud”, aclaró Morales.

El directivo sindical explicó que en diferentes ocasiones han señalado a la empresa las tareas que se le pueden asignar a Filimon Duarte, sin embargo la transnacional estadounidense sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones.

“La discriminación no ha terminado y estamos esperando la audiencia para presentar todos estos elementos al juez”, concluyó Morales.

Notas
[1] http://www.rel-uita.org/sindicatos/standard-fruitdole-reincidente/
[2] Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines.

Fuente: Rel UITA



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Honduras “Se están ensañando con Rommel”

June 17, 2020, 8:48 am
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Un año de injusta prisión, entre injerencismo estadounidense y servilismo gubernamental

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El pasado 31 de mayo se cumplió un año de la injusta detención de Rommel Herrera Portillo. El joven fue víctima del falso positivo de la quema de unas llantas en la entrada de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, en el marco de una movilización de médicos y maestros contra la privatización de salud y educación.

Después de pasar casi 5 meses encerrado injustificadamente en una cárcel de máxima seguridad, en octubre pasado, Rommel fue trasladado al hospital psiquiátrico “Mario Mendoza”.

La decisión fue tomada por el juez a raíz del dictamen de Medicina Forense, donde se evidenciaba “daño psiquiátrico condicionado por el aparecimiento de trastorno mixto de ansiedad y depresión”.

En diferentes ocasiones, el equipo de defensa, integrado por Cofadeh y el abogado Omar Menjivar, solicitó una revisión de medidas cautelares para que Rommel pudiese defenderse en libertad.

También pidió procedimiento abreviado para que el tribunal recalificara los delitos por el cual estaba acusado.

Hasta el momento todos los intentos han fracasado, el joven maestro sigue encerrado y su condición continúa deteriorándose.

“Desde que se decretó emergencia sanitaria no hemos podido comunicarnos con él. El mes pasado hasta restringieron la posibilidad de entregarle comida casera”, dijo a La Rel, Juan Carlos Herrera, papá de Rommel.

“La pocas noticias que tenemos nos llegan a través del personal de seguridad del hospital. Rommel está cada vez más aislado, más triste y deprimido. Estamos muy preocupados”, agregó.

La audiencia inicial estaba prevista para el 16 de abril, pero fue suspendida a raíz de la pandemia. De momento no se conoce la nueva fecha.
 
Un año difícil

“La fiscalía se ha negado a acercar posiciones y ha sobredimensionado las acusaciones contra Rommel.

Vivimos en zozobra por no saber qué va a pasar con el cipote. La única esperanza que tenemos es que en el juicio se demuestre lo absurdo de todo esto”, manifestó Herrera.

Para él no hay dudas de que el caso de Rommel y demás presos políticos están siendo usados por el gobierno para engendrar miedo en todas aquellas personas que protestan y luchan en defensa de los derechos.

Asimismo condenó la complicidad de Estados Unidos en el caso, y el servilismo del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Ministerio Público.

“Cada vez es más evidente que este régimen se está ensañando con mi hijo con el objetivo de generar terror entre quienes estamos comprometidos con la lucha.

El mensaje es claro: tengan cuidado porque esto es lo que les puede pasar si siguen con protestas y luchas populares”, concluyó Juan Carlos Herrera.

Fuente: Rel UITA


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Costa Rica, el veneno en el plato

June 17, 2020, 8:50 am
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Foto G. Iglesias | Rel UITA
Estudio confirma realidad preocupante de contaminación

Por G.Trucchi/ G.Iglesias | Rel UITA

El informe de la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos (UCRA) del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica (SFE) presentado esta semana confirma una realidad preocupante e incómoda: el 64 por ciento de los vegetales frescos analizados contiene algún tipo de agrotóxico.

El plan de monitoreo anual de control de residuos de agrotóxicos en vegetales frescos tiene como objetivo planificar controles oficiales para analizar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y de la normativa nacional.

De acuerdo con el análisis de 5.186 muestras de productos vegetales frescos[1], solamente el 36 por ciento de los alimentos producidos en el país y el 55 por ciento de los importados están libres de residuos de agrotóxicos.

Del total de muestras, 358 tienen restos de agrotóxicos por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales[2].

Esto significa el 7 por ciento del total de las muestras y el 19,5 por ciento de los vegetales frescos producidos en el país que contienen residuos de agrotóxicos.

Pero lo más preocupante es que en las muestras nacionales analizadas se detectó la presencia de sustancias prohibidas en Costa Rica, como por ejemplo el insecticida organoclorado heptacloro y su producto de degradación heptacloroepóxid.

“Una situación grave es la presencia de Carbofurán y Ometoato en vegetales frescos. En particular el Carbofurán, un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales”, dijo Henry Picado, miembro de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).

La federación, con quien la Rel UITA ha coordinado múltiples acciones, advirtió que también fue detectada la presencia de Fipronil, Clopirifos, Metamidofós (Tamarón) y Cipermetrina. Chile dulce, culantro y apio son los vegetales frescos con mayor contenido de residuos tóxicos.
Especialmente el Clopirifos y el Fipronil (ver artículos en la Rel UITA), han sido señalados y prohibidos en varios países. El primero por afectar la capacidad de aprendizaje de menores de edad, y el segundo por ser responsable, hace pocas semanas en Esparza, Puntarenas, de la intoxicación de 2 millones de abejas.

Más de lo mismo

Esta situación no hace más que confirmar lo que Fecon y varias organizaciones nacionales e internacionales hemos denunciando año tras año.

En 2017, Costa Rica importó la cifra récord de 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos de agrotóxicos. En la década anterior, el país había mantenido un promedio anual de 12,3 millones de kilogramos.

Fue a partir de 2016, con la entrada en vigencia de los polémicos decretos ejecutivos 39995-MAG y 40059-MAG, que el país centroamericano comenzó la escalada de importaciones, hasta llegar a ser considerado como la nación con mayor consumo de plaguicidas por hectárea.

“Pese a esto no existe iniciativa por parte del gobierno para bajar los niveles de contaminación de residuos de agrotóxicos en la comida”, alertó la Fecon.

Notas
[1] 1.704 producidos en Costa Rica y 3.482 con intención de importación (muestras tomadas en aduanas)

Fuente: Rel UITA
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Nicaragua frente a la pandemia

June 17, 2020, 9:25 am
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Foto Marlon Pérez
Por Augusto Zamora R.| público.es

Nicaragua no es Alemania, tampoco España. Quiero decir con esto que Nicaragua, como toda Latinoamérica, es un país pobre -más correctamente, empobrecido-, donde casi el 70% de su población vive de la economía informal. La comida de mañana depende de lo que se gane hoy. O, como se dice en el país, se vive coyol quebrado, coyol comido. 

Si no se gana nada, no se come nada. Excepción hecha de la minoría opulenta que vive atrincherada en mansiones que imitan Beverly Hills, y de la exigua y precaria clase media, la gente no tiene ahorro. Es una economía caminando sobre una fina cuerda, agarrada a un hilo, sostenido con esfuerzo por el trabajo sacrificado de una población que, día a día, madruga en campos y ciudades para ofrecer lo poco que tiene, sea productos, mayoritariamente alimentarios, sea su fuerza de trabajo. No tiene de dónde sacar, no 150.000 millones de euros para su economía. Ni siquiera mil millones. España obtendrá un subsidio de 77.000 millones de euros de la UE. Nicaragua, migajas.

Un país sin mayores recursos naturales. No hay petróleo, tampoco grandes minas, ni siquiera latifundios que generen volúmenes enormes de exportación. Es una sociedad de pequeños y medianos productores, de pequeños y medianos comerciantes, de pequeños y medianos empresarios. Salvo la producción de caña de azúcar y arroz, tecnificada en buen nivel, el país funciona sobre el esfuerzo humano, no de máquinas. La tierra se ara masivamente con bueyes; se siembra grano a grano y se cosecha igual. Eso es el país. Es imprescindible explicar y conocer esta realidad para entender, con cabalidad y sin desinformaciones perversas, la política seguida por el gobierno sandinista en la lucha contra la pandemia desatada por el covid-19, que, lo sabemos todos, no puede ser combatida de igual manera en unos países y otros. No ha ocurrido ni siquiera en Europa, donde España aplicó un confinamiento draconiano y Suecia rehusó recluir a su gente.

Dicho lo anterior, hay que señalar lo siguiente: dentro de su pobreza y limitados recursos, desde 2007 -retorno del sandinismo al poder-, Nicaragua ha visto desarrollarse el más amplio, completo y gratuito sistema de salud de la región, que ha puesto su énfasis en la medicina preventiva, no en la curativa. Cada año, decenas de miles de trabajadores de la salud y voluntarios recorren el país, pueblo a pueblo, comunidad rural por comunidad rural, en campañas de vacunación, desinfección y enseñanza de hábitos higiénicos. Sólo Cuba supera a Nicaragua en ese ramo. No es algo nuevo. Esta práctica se impuso con la revolución sandinista de 1979,  para ser abandonada durante los 16 años de neoliberalismo, años de saqueo y corrupción, que dejaron devastada Nicaragua. En lo que va de 2020, 98.224 voluntarios capacitados realizaron unas 4.6 millones de  visitas educacionales de salud familiar, casa por casa, cifra astronómica cuando se la compara con la población del país, que es de 6.2 millones de habitantes. Ningún país en la región puede presentar una inversión humana en salud de tal magnitud.

Reconstruir un país saqueado es tarea titánica. Uno de los sectores más beneficiados fue el de la salud. De 2007 a la fecha se construyeron 18 nuevos hospitales (suman 77), 143 centros de salud y 1.333 puestos médicos distribuidos en todo el país, además de 66 clínicas móviles. Desde 2007, se han invertido 471 millones de dólares en construcción de hospitales. Los planes de gobierno contemplan construir 15 hospitales más, de los cuales está iniciada ya la construcción de seis, en diferentes departamentos del país. A mayor número de infraestructuras de salud, más personal capacitado. Hay 36.649 trabajadores de la salud,  por 22.083 en 2006; 6.045 médicos en 2020 por 2.715 en 2006. Todo esto queda reflejado en el gasto dedicado al sistema público de salud: 468.6 millones de dólares en 2020 por los ridículos 111.9 millones de 2006. Cifra modesta, pero que, en Nicaragua, hace la diferencia entre el abandono y el amparo.

Previendo el impacto de la pandemia, desde enero se vienen adoptando medidas para mitigar su impacto. Fueron preparados 19 hospitales con equipos, medicamentos e insumos para enfrentar el covid-19; también  11.732 camas de hospitalización general y 562 camas de cuidados intensivos. 449 ventiladores, 954 monitores de signos vitales y 574 succionadores para la atención de todo tipo de enfermedades y padecimientos. A todo ello se debe agregar que el gobierno impulsó una jornada masiva  de vacunación, en la que se aplicaron 1.2 millones de dosis contra neumonía e influenza estacional para reducir el número de casos de enfermedades respiratorias. Es falso, absolutamente falso que el gobierno no haya asumido con absoluta seriedad el reto de la pandemia. Ha ocurrido lo contrario. Nicaragua fue de los primeros países en prepararse ante ella.

Sin hacer alardes, para no alarmar a la población, en marzo fueron cerradas las fronteras terrestres, lo que no fue anunciado previamente para evitar cometer el error del gobierno italiano (en ese país se avisó con antelación de días el cierre de Lombardía y Véneto, provocando una estampida de gente que propagó el virus por media Italia). También se multiplicaron los controles aeroportuarios, hasta su cierre definitivo. El 21 de marzo, a petición de Nicaragua, se realizó una reunión fronteriza con el gobierno de Costa Rica, para coordinar la vigilancia de la frontera común. El 25 de marzo se realizó una reunión similar con las autoridades de Honduras. El objetivo central era cerrar los puntos ciegos de tráfico irregular de personas, para evitar la propagación de la pandemia.

Paralelamente a todas esas medidas, el gobierno lanzó (y mantiene) una amplia y sostenida campaña informativa, para que todos y cada uno de los habitantes del país supiera cómo protegerse el virus y, así, ayudar a proteger a los demás. Lo que en España se resumió con el lema "Cuídate, cuídanos". Al propio tiempo, se organizó una campaña también masiva de desinfección del transporte público y privado (autobuses, buses, taxis) y de mil sitios donde podía aparecer y reproducirse el endemoniado virus. Se realizó un censo de nutrición, midiendo y pesando a  1.386.351 niños y niñas. Los que sufrían mal nutrición fueron incluidos en un plan de apoyo familiar y reforzamiento de alimentos con micronutrientes, proporcionándoles en las escuelas una merienda escolar reforzada. Se garantiza, en fin, el auxilio a los más vulnerables, con 60.000 paquetes de ayuda alimentaria, lo más parecido, en las circunstancias de Nicaragua, al Ingreso Mínimo Vital recién aprobado en España. Nicaragua carece de recursos para establecer algo similar, hecho que ilustra lo distintas que son las realidades de uno y otro país.

La cavernaria derecha nicaragüense (prima hermana de Vox), ha hecho un escándalo mayúsculo con el entierro de las víctimas del covid-19 porque, según esa voxderecha, el gobierno no permite sepelios públicos y con mariachis. En España –en Europa, en general- entendieron que los entierros debían ser así, aislados y sin deudos, porque era preciso para prevenir los contagios. Recordemos el drama, en las semanas álgidas de la pandemia, con tantos llorando porque no podían despedirse de sus seres queridos ni enterrarlos, pues por ley se había prohibido todo ello. Hasta en la recta final de la desescalada fue autorizado el entierro con un número mínimo de deudos. No obstante esa realidad, la voxderecha nica lo denuncia como crimen de lesa humanidad. Una voxderecha financiada con fondos del gobierno de EEUU y de connotadas fundaciones de la CIA, como la National Endowment for Democracy (NED), a través de la cual la CIA pagaba a la contra en los años 80. Para saber con quién y de qué hablamos.

La campaña virulenta de la voxderecha antisandinista ha llegado al extremo de hacer pasar por las redes sociales e informativos sucesos deplorables ocurridos en Ecuador, Bolivia, Perú o El Salvador como hechos que habían acontecido en Nicaragua. Todo resulta válido –desde la inmoralidad y la falta de escrúpulos- para denigrar al gobierno. Eso sí, ninguna clínica privada se ha puesto a la orden para sumarse a la lucha por la pandemia. Más bien se quejan de que, como la pandemia está fuera de la cobertura del seguro social, "nos quieren obligar a nosotros a dar el servicio que implica dar trajes, vestimenta de protección, porque no vamos a exponer a médicos sin estar protegido", según expresara a un diario opositor un directivo de una clínica privada. Criticar sí, cooperar no, pues "no tenemos para atender a un gentillal", dijo el directivo. Atención médica sí, para los que pagan y, eso, en Nicaragua, lo pueden hacer muy pocos.

Terminaremos refiriéndonos a los apocalípticos anuncios de la voxderecha, así como al baile de cifras de víctimas que dan. Desde febrero de 2020, ‘expertólogos’ brotados de la nada y efecto colateral de la pandemia, vienen anunciando que, primero en marzo, luego en abril, después en mayo, ahora en junio, decenas de miles de personas se verían contagiadas, que miles morirían en las calles y que Nicaragua se sumiría en un símil de la peste negra que despobló Europa en el siglo XIV. Pero, ¡ay!, no hubo tal apocalipsis en marzo, tampoco en abril, ni en mayo, ni en este junio. El país está, básicamente, normal. No hay nada parecido a lo que está ocurriendo tristemente en Ecuador, Perú, Brasil o Chile. Según un auto-llamado Observatorio Ciudadano del Covid-19 (obsérvese la similitud del nombre con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, compuesto por una única persona que vive en Londres), hay, en Nicaragua 3.725 personas contagiadas, y casi 900 muertos, sin ofrecer prueba alguna, sólo su afirmación. El gobierno da la cifra de 1.118 contagios. La OMS reportó, el 3 de junio, 1.309 casos y 46 fallecidos[1].

Ahora comparemos los datos de Nicaragua, país que sigue un modelo similar al de Suecia, con los países centroamericanos que han adoptado el modelo del confinamiento a palos. Panamá, país con el confinamiento más severo, registra 21.962 contagios y 457 fallecidos. Costa Rica, con semi-confinamiento, 1.796 casos y 12 fallecidos. Honduras, con confinamiento (y hambre), 9.656 contagiados y 330 fallecidos. El Salvador, confinados (bajo amenaza de cárcel y hambre) 4.066 contagiados y 78 fallecidos. Guatemala, también en confinamiento y hambre, 10.706 contagiados y 420 fallecidos. Cifras oficiales todas [2]. Atendiendo dichas cifras oficiales, Nicaragua, sin confinamiento obligatorio, sin amenazas de muerte, sin hambre y sin matar su economía, se encuentra en mejores condiciones para enfrentar los efectos de la pandemia. Un ejemplo para ilustrar el aserto: las exportaciones de Nicaragua crecieron un 14,2% en los primeros cinco meses del año. Las exportaciones salvadoreñas cayeron, en mayo, el 60.48%.

Según Acción contra el Hambre, la pandemia ha duplicado, hasta 1,2 millones, el número de personas que urgen ayuda alimentaria en Guatemala. En Honduras, el gobierno repartió 800.000 bolsas de comida que duraron tres días, y nada más. Se ha denunciado que Centroamérica saldrá de la pandemia con 29 millones más de pobres, como consecuencia del confinamiento de sus poblaciones y la pérdida total de ingresos. Buena parte de la clase media desaparecerá. Ese panorama oscuro será mínimo en Nicaragua. La economía ha crecido un 1,6% el primer trimestre (dato del FMI); el invierno está siendo generoso y la producción agropecuaria aumentará, de media, un 4%. Pobreza seguirá habiendo, pero el hambre será mínimo y habrá medios para hacerle frente. Esto le arde a la voxderecha, doctora en apocalipsis fracasados.

No, Nicaragua no es Alemania. Tampoco lo es Centroamérica. Locura habría sido creerse alemanes y actuar como ellos. Al final, como dice el dicho, más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena ¿No lo creen así, descreídos y desconfinados lectores?

Notas
[1] Los datos actualizados al 16 de junio arrojan 1.661 casos, 64 fallecidos y 1.238 recuperados
[2] Datos actualizados al 17 de junio

Fuente: publico.es


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Honduramente antisindical

June 22, 2020, 7:58 am
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Ataque sistemático a sindicalistas durante 2019

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El nuevo informe de la Red contra la Violencia Antisindical evidencia una vez más que Honduras sigue siendo uno de los países de América Latina donde más se persiguen a sindicalistas y activistas laborales.

En el informe “El costo de defender el derecho a la libertad sindical 2019”[1], presentado este 15 de junio, se documentan 54 actos de violencia contra sindicalistas, ocurridos en su mayoría en el contexto de las protestas contra el intento del gobierno de privatizar salud y educación.

Hostigamiento, agresiones, amenazas e intimidaciones fueron los tipos de violencia más frecuentes el año pasado. El 61 por ciento de las víctimas fueron hombres y el 39 por ciento mujeres.

Los sindicatos más afectados fueron los del sector público (57 por ciento), la zona donde hubo más ataques fue el departamento de Cortés (San Pedro Sula) y el sector más golpeado fue el de la agroindustria.

“Festagro, Stas y Sintraterco[2] fueron los principales blancos de los ataques, tanto en el proceso de organización de sindicatos como en la negociación colectiva”, dijo a La Rel, Jorge Hernández, de la Red contra la Violencia Antisindical.

Las compañías transnacionales propietarias de las plantaciones donde se originaron los actos de violencia fueron Fyffes/Sumitomo (melón), Grupo Jaremar (aceite de palma) y Chiquita Honduras (banano).

Impunidad absoluta
La falta de investigación y el alto nivel de impunidad tienen como resultado que el 51 por ciento de los victimarios sean personas desconocidas.

En el 28 por ciento de los hechos registrados los responsables son funcionarios públicos -en su mayoría policías- y en el 21 por ciento restante son guardias privadas o funcionarios de empresas.

También hubo dos asesinatos: Joshua Sánchez del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Gildan Villanueva S.A (Sitragvsa) y Jorge Alberto Acosta del Sitraterco.

En la última década en Honduras fueron asesinados 36 sindicalistas, la mayoría durante la resistencia contra el golpe de estado de 2009.

“Vamos afinando mecanismos para mejorar la capacidad de detectar actos de violencia antisindical.

Sabemos que hay un gran subregistro, sin embargo 54 casos de violencia directa son muchos y van en aumento“, alertó Hernández.

Actualmente, Honduras, Colombia, Guatemala y México son señalados como los países latinoamericanos más peligrosos para ser sindicalista.

Honduras en lista corta OIT

Ante esta situación, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su 108° conferencia, señaló e incluyó por segunda ocasión consecutiva a Honduras en la lista corta de países que no respetan convenios y libertades laborales.

Por ello, señala el informe, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT envío en 2019 una Misión de Contacto Directo a Honduras, con el doble objetivo de constatar la violencia contra sindicalistas y defensores de derechos humanos, e instar al Estado a proteger a los sindicalistas amenazados.

“A raíz de esta visita se aprobó un acuerdo tripartito para la búsqueda de mecanismos que permitieran garantizar el respeto del Convenio 87, sobre libertad sindical y derecho de sindicación.

También se acordó crear una Comisión de Violencia Antisindical para darles protección a los sindicalistas que están en peligro y asegurar justicia para las víctimas.

Lamentablemente no se ha logrado avanzar. De los 150 casos de violencia que reportamos en los últimos 5 años, sólo uno ha sido judicializado”, lamentó Hernández.

Convenio 190

Una de las luchas de la cual se hace promotora la Red contra la Violencia Antisindical es la ratificación de parte de Honduras del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo.

“Al ratificarlo, el convenio adquiriría la misma jerarquías de los tratados internacionales, y Honduras deberá adecuar su legislación al contenido del convenio mismo, adoptando mecanismos para prevenir y abordar la violencia y el acoso laboral”, explicó la abogada María Helena Sabillón.

Nota:
[1] Descarga documento completo http://contraviolenciaantisindical.org/slim/documentos/INFORME_REDVA2019.pdf
[2] Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro), Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (Stas), Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sintraterco)

Fuente: Rel UITA
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Costa Rica: Chiquita despidió ilegalmente

June 23, 2020, 1:32 pm
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Jueza ordena reinstalación de sindicalistas despedidos

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Que Chiquita Brands Costa Rica violó las leyes al despedir a trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias en Limón es de sobra conocido. Que lo diga un juez en una primera sentencia sobre el caso, es un paso importantísimo hacia la obtención de justicia.

El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands, prácticamente sin avisar, cerró el departamento de operaciones portuarias y despidió a más de 180 trabajadores y trabajadoras[1].

Portones cerrados con candados y personal de seguridad cuidando las instalaciones es lo que encontraron al llegar el lunes al centro de trabajo.

Después de semanas de protestas sin lograr acuerdos, Sintracobal[2] y la Rel UITA diseñaron otra estrategia que incluía una demanda colectiva por violación del convenio firmado en 2018, y de los acuerdos alcanzados por medio de un conflicto colectivo de carácter económico-social.

Asimismo, se introdujo una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales (trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación).

Quince meses después de la puñalada trapera de Chiquita Brands, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió una sentencia donde declara la nulidad de los despidos de los miembros de la junta directiva del Sintracobal.

También ordena su reinstalación en las mismas condiciones laborales y salariales al puesto que ocupaban antes del despido o, en su defecto, su reubicación en puestos equivalentes y con igual salario.

Finalmente ordena a Chiquita Brands cancelar a los demandantes los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta su efectiva reinstalación, más intereses e indexaciones.

La demanda había sido presentada por despido discriminatorio de dirigentes sindicales, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.

La responsabilidad social de Chiquita Brands

“La empresa procedió a despedir a todo el mundo, incluyendo a las personas protegidas por el fuero sindical, violentando así los procedimientos de ley.

La juez simplemente revisó lo que había pasado y no pudo hacer otra cosa que reconocer que fue un despido ilegal”, dijo a La Rel, Alejandro Ulloa, apoderado legal de los demandantes.

El abogado manifestó que Chiquita presentará un recurso de casación.

“Lo mismo hizo en el caso de otra sentencia que favoreció a una trabajadora que fue despedida en estado de embarazo.

Ahora los magistrados de segunda instancia deberán analizar estos casos y decidir si confirmar o no la sentencia de primera instancia”, explicó Ulloa.

El apoderado legal de los miembros de la junta directiva del Sintracobal ilegalmente despedidos consideró esta sentencia como muy importante.

“Es un primer paso que sienta un precedente fundamental. En este sentido no sólo es importante por el caso de Sintracobal, sino para la protección de la libertad sindical en Costa Rica.

No puede ser que los tribunales consientan que, en un lugar en donde existe un sindicato y un convenio colectivo, una empresa simplemente cierre la actividad, despida a todo el mundo, y se libere así de la obligación de respetar leyes y convenios internacionales”, concluyó Ulloa.

Notas
[1] http://www.rel-uita.org/sindicatos/hace-un-ano-la-punalada-trapera-de-chiquita/
[2] Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre

Fuente: Rel UITA


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Honduras: “Quieren acallar la protesta social”

June 23, 2020, 1:49 pm
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Preocupación por entrada en vigor de nuevo código penal

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La entrada en vigor de un nuevo código penal está generando profundas inquietudes y fuertes protestas en diferentes sectores de la sociedad hondureña.

Un nutrido grupo de organizaciones sociales, populares y sindicales han venido insistiendo en la necesidad de una reforma sustancial del nuevo código penal, que fue aprobado el año pasado y que entrará en vigor el próximo 25 de junio.

Según las tres confederaciones obreras hondureñas, el nuevo código crea más de 50 nuevos tipos penales y varios de sus artículos atentan contra la libertad sindical, de expresión, de asociación, reunión y de manifestación.

Asimismo ataca el derecho a la protesta social pacífica y reduce las penas por delitos de corrupción y de violencia contra la mujer.

Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), explicó a La Rel que, ante la creación de nuevas figuras delictivas, están pidiendo la derogación de diferentes artículos.


Se trata de los artículos 553 (reuniones y manifestaciones ilícitas), 554 (asociación para delinquir), 573 (desórdenes públicos), 574 (perturbación del orden) y 587, 588, 589 (asociación terrorista, colaboración sin pertenencia a la asociación terrorista, delitos de terrorismo).

También los artículos 102 y 103 donde se define que las organizaciones sociales serán penalmente responsables por delitos dolosos cometidos por sus representantes y sus miembros.

Según Almendares, estas figuras penales sirven para intimidar, criminalizar y judicializar a trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales y populares, medios de comunicación independientes, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros.

“En estos artículos está la esencia del plan que tiene como objetivo golpear, acallar y desaparecer al movimiento social organizado, incluyendo al movimiento sindical.

Por esto estamos exigiendo la eliminación de estos artículos y hemos solicitado la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la UITA. El apoyo ha sido masivo”, dijo el dirigente sindical.

Sin embargo, el secretario general de la CUTH advirtió que el ambiente no es muy propicio, y que la aplanadora parlamentaria del partido de gobierno y sus aliados podría hacer caso omiso de las propuestas y sugerencias que le han llegado desde diferentes espacios.

“Estamos lidiando con un gobierno criminal y dictatorial. No podemos descartar de que intenten dejar el nuevo código penal tal y como está ahora.

Además, la emergencia sanitaria y la limitación de derechos constitucionales no permite que el movimiento social organizado se movilice”, explicó Almendares.

Articulación de fuerzas y mayor presión

En los próximos días, las confederaciones obreras hondureñas continuarán reuniéndose con instancias diplomáticas y organizaciones nacionales e internacionales para aumentar la presión sobre el gobierno y la bancada oficialista.

Asimismo, la CUTH seguirá desarrollando campañas de sensibilización dirigidas especialmente a jóvenes.

Lo mismo están haciendo organizaciones sociales y populares comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales.

“Nos esperan días muy difíciles. De la pandemia Honduras va a salir sumida en una crisis económica sin precedentes y un insostenible nivel de deuda pública.

A eso se le podría sumar una crisis política si el régimen pretende aprovechar la emergencia sanitaria para quedarse en el poder. Sería un detonante de una crisis aún más profunda”, concluyó Almendares.

Fuente: Rel UITA


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Costa Rica, pandemia y explotación laboral

June 30, 2020, 9:13 am
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Trabajo semiesclavo y ausencia de medidas de bioseguridad

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Entre el 17 y 22 de junio, las autoridades costarricenses clausuraron 92 empresas agrícolas ubicadas en el norte del país, a pocos kilómetros de la frontera nicaragüense. No sólo operaban sin permiso sanitario, sino que empleaban a trabajadores migrantes irregulares y en condiciones de semiesclavitud. Decenas los casos positivos de Covid-19.

Una vez más, la imagen-país de Costa Rica como herramienta de marketing choca con la realidad inquietante de la explotación laboral y el trabajo semiesclavo de miles de migrantes.

Lo que las autoridades “descubrieron” en estas empresas agrícolas es tan sólo la punta del iceberg de una situación de barbarie de sobra conocida e irresponsablemente desdeñada y desatendida, que la Rel UITA ha abordado y denunciado en diferentes oportunidades.

Fueron 148 las empresas inspeccionadas. Además de las 92 que fueron cerradas (entre fincas y empacadoras), a 57 se les aplicó órdenes sanitarias y 21 fueron sancionadas por infringir el código laboral. La inspección abarcó a casi 6.000 personas, dijo el ministro de Seguridad Michael Soto[1].

Decenas los trabajadores migrantes con condición migratoria irregular, sobreexplotados y sin derechos. Varios de ellos con coronavirus. En el epicentro de los controles están empresas productoras, empacadoras, comercializadoras y exportadoras de piña, caña de azúcar, tubérculos y cítricos.

En estas mismas zonas (San Carlos, Upala, Los Chiles, San Ramón, Guatuso, Sarapiquí) es donde en las últimas semanas ha habido un fuerte aumento de los casos de Covid-19.
Para nadie es un secreto que las condiciones inhumanas de vida y trabajo de cientos de trabajadores y trabajadoras son una bomba de tiempo anunciada, que obliga a las autoridades a asumir sus responsabilidades ante el tiempo perdido.

Años de explotación y desidia

“Más del 60 por ciento de las empresas inspeccionadas fueron clausuradas. Ahora se rasgan las vestiduras, pero se han mantenido años mirando para otro lado. En el norte del país hay un estado de apartheid de hecho. Una vergüenza.

Ahora vamos a ver si las autoridades se atreven a inspeccionar a las grandes plantaciones del gran capital transnacional”, dijo Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA.

Para la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) estas empresas, todas de capital transnacional que operan a través de intermediarios nacionales, serían responsables de los delitos de trata de personas, incumplimiento culposo y propagación de epidemia.

Este importante espacio de lucha ecologista apunta el dedo en especial contra la expansión de las plantaciones de piña en Costa Rica.

“Todas estas empresas piñeras que fueron cerradas deben ser investigadas por la fiscalía para sentar las responsabilidades de manera clara”, manifiesta la FECON en un comunicado[2].

Una de ellas, Exportaciones Norteñas S.A., es socia de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP). Desde el año 2015 ha sido cuestionada por mantener a centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud y por su antisindicalismo, advierte el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP).

Durante la inspección que llevó a su cierre, el Ministerio de Salud detectó al menos 21 trabajadores con Covid-19. Para Dany Villalobos, presidente de la FECON, esta y otras empresas habrían actuado de mala fe.

“El sector agroindustrial no sólo ha sido reacio a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, sino que ha venido presionando para que el gobierno flexibilizara las disposiciones.

Su único objetivo es continuar acumulando ganancias por encima de la salud de trabajadores y poblaciones rurales”, señaló Villalobos en el comunicado.

Trabajadores migrantes y trata de personas

Tampoco ha habido avances en las denuncias por la contratación de personas migrantes indocumentadas.

En una investigación realizada por el Semanario Universidad[3] se advierte que “ni una sola empresa agrícola ha sido sancionada por contratar a personas migrantes indocumentadas que cruzan día a día la frontera con Nicaragua para realizar labores agrícolas”.

La Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio del Trabajo y Seguridad se bolearon la responsabilidad de la carencia de acción.

“En el trabajo de campo, 9 de cada 10 trabajadores son migrantes y, de ellos, 7 de cada 10 están en condición irregular”, dijo a Semanario Universidad, Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).

Para el catedrático Mauricio Álvarez, lo que ha ocurrido en estos días ha dejado en claro que el Estado “no tiene la capacidad, los deseos o el interés de meterse a fondo en una actividad que ha demostrado ser amo y señor de Costa Rica”.

Fuente: Rel UITA

[1] https://youtu.be/BzeBgwge0Z4
[2] https://feconcr.com/noticias/ministerio-publico-debe-investigar-a-las-empresas-pineras-clausuradas/



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ALBA-TCP relanza Petrocaribe y ALBA Alimentos

June 30, 2020, 9:29 am
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Por Radio La Primerísima | Agencias

Los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) relanzarán el programa ALBA Alimentos para atender las necesidades de los países de la región.

Durante la cita conjunta de los Consejos Ministeriales del ALBA-TCP, realizada bajo la modalidad de videoconferencia, Venezuela abogó por aprovechar las capacidades de este acuerdo, fundado el 29 de junio de 2005.

"Reactivaremos ALBA-Alimentos que va desde la semilla hasta fertilizantes, la comida, distribución de alimentos y precios", expresó el canciller Jorge Arreaza.

El diplomático venezolano indicó que esta propuesta es para atender la situación que se ha registrado durante la pandemia de Covid-19, donde se ha visto afectado la población más vulnerable.

Recordó que el azote del virus tiene una consecuencia fundamental en la producción de alimentos y por consecuencia en la nutrición de los pueblos donde los más vulnerables están en una situación difícil.

Explicó que ya se han diseñado esquemas para la reactivación agrícola de todos los países miembros del organismo regional con el fin de atender a las naciones más golpeadas, entre ellas las del Caribe, que dependen de la actividad turísticas, la cual se frenó ante la propagación del virus.

Relanzan Petrocaribe

El ministro de economía de Venezuela, Tarek El Aissami anunció el relanzamiento del programa petrolero PetroCaribe, indicando que tras instrucciones del presidente Nicolás Maduro para ello “tenemos ya un nuevo comienzo, fuerte y vigoroso de PetroCaribe”.

Señaló que “se trata de una nueva arquitectura energética que impacte directamente en la calidad de vida de nuestros pueblos, es una respuesta al momento histórico y a la coyuntura que atraviesa el mundo entero y sobre todo nuestra región”.

El Aissami expresó que aprovecharán toda la capacidad de producción, almacenamiento, empresas mixtas, para dar ese paso y relanzar PetroCaribe con mayor fuerza.

En la reunión participaron el vicepresidente para asuntos internacionales de PDVSA, Randel Peña y el secretario de PetroCaribe, Raúl Licarce.

“Tienen ya la fórmula exacta del nuevo esquema de funcionamiento y cooperación de PetroCaribe”, destacó El Aissami, añadiendo que el Banco del ALBA impulsará un nuevo sistema financiero nacional con nuevos mecanismos de compensación y financiamiento y acompañamiento técnico a los países miembros del ALBA.

Por su lado, el Ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca señaló que es el momento de globalizar la solidaridad en interés de nuestros pueblos, mientras que el canciller cubano, Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos ha recrudecido su campaña contra la cooperación médica cubana y arrecia el bloqueo contra Cuba.

El ministro asesor del presidente de Nicaragua para la Producción y el Comercio, Francisco López, explicó durante su intervención que en la nación se ha concentrado y movilizado los esfuerzos en el sector productivo por la seguridad alimentaria.

"Los pueblos, las comunidades y las regiones con mayor integración y mayor esfuerzo de movilizar la solidaridad y la complementariedad vamos a tener la oportunidad de reactivarnos con mayor rapidez", señaló abogando por fortalecer los instrumentos del ALBA como Petrocaribe y el Banco del ALBA.

Finalmente, el ministro dijo que el Plan de contingencia económica post pandemia, derivado de la Conferencia de alto nivel realizada el pasado 10 de junio, debe tomarse en la región como la ruta principal para garantizar la integridad, la solidaridad, la cooperación de todos los países.


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Costa Rica “El norte del país vive un apartheid de hecho”

June 30, 2020, 2:07 pm
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Dramáticas condiciones de trabajo y salud en monocultivos

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La noticia del cierre por graves incumplimientos de 92 empresas agroindustriales (fincas y empacadoras) en los cantones fronterizos con Nicaragua, sumado a 57 órdenes sanitarias y decenas de sanciones por violar el código laboral, está causando un enorme revuelo en Costa Rica[1]. Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA, conversó sobre esta situación.

La confusión que se ha apoderado de las autoridades costarricenses en esta última semana testimonia el estado de abandono en el que se encuentran estas zonas.

Mientras la vicepresidenta del país asegura que “el 80 por ciento de empresas visitadas cumple con protocolos sanitarios”, el ministro de seguridad anuncia que 92 empresas (62 por ciento) fueron clausuradas y el ministerio de salud habla de 22 empresas cerradas por incumplimientos sanitarios.

-¿Qué está pasando en el norte del país?
-A raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus se puso en evidencia la negligencia gubernamental ante las condiciones de trabajo inhumanas y la explotación que sufren miles de trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes nicaragüenses.

Todas estas personas soportan extensas jornadas de trabajo, no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni cuentan con el seguro social. Es mano de obra tercerizada y a las empresas no les importa las condiciones que imponen los intermediarios (contratistas).

Además viven en barracas donde se hacinan o alquilan cuartos de dos metros por tres donde habitan dos personas. Una situación que convierte estos lugares en posibles focos de epidemia.

Son condiciones propias del feudalismo, y el gobierno es corresponsable de esta situación por no controlar y hacer caso omiso de las denuncias que, tanto desde el movimiento ecologista como de la Rel UITA, hemos hecho.

-La semana pasada, varios ministerios iniciaron las inspecciones en estas zonas.
-Tuvieron que hacerlo por la gravedad de la pandemia. Ahora se rasgan las vestiduras como que estuvieran descubriendo el agua tibia.

El problema viene arrastrándose desde hace años y las autoridades nunca hicieron un control efectivo de la migración laboral, ni ha dado apoyo a los inmigrantes laborales para que se garantizara el respeto de sus derechos fundamentales.
Imagínate que hasta aparecieron empresas que tienen años exportando productos y que ni siquiera tienen permisos sanitarios para operar, ni patentes municipales. Es una vergüenza lo que por fin está saliendo a la luz pública.

Una situación indignante

-¿De qué empresas estamos hablando?
-Hasta el momento se han inspeccionado pequeñas y medianas empresas, casi siempre subsidiarias del capital transnacional. Ahora habrá que ver si el gobierno tendrá el valor de hacer lo mismo con las grandes fincas propiedad de las transnacionales.

Hay mucha confusión y ya hay empresarios que se están quejando, y que hablan de ‘prepotencia de los funcionarios’ al momento de realizar las inspecciones. Sin lugar a dudas todo esto va a tener consecuencias políticas en el país.

-En fin, una situación muy grave…
-Es terrible, indignante. Son zonas que han estado viviendo un apartheid de hecho, a la par de una ausencia irresponsable de las autoridades. Allá las transnacionales mandan y establecen las condiciones de labor y de vida para miles de personas.

El gobierno ha cerrado los ojos ante la ausencia de derechos humanos en estas zonas y el desarrollo desigual que hay en el país. Es una situación que hay que revertir rápidamente.

[1]-http://www.rel-uita.org/sociedad/costa-rica-pandemia-y-explotacion-laboral/

Fuente: Rel UITA
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Sur de Honduras y la violencia capitalista

July 2, 2020, 2:34 pm
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Nuevo informe de Cofadeh

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Este 30 de junio, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), con el apoyo de Heks-Eper y Redehsur, presentó el boletín “La zona sur, el nuevo escenario de la violencia capitalista”[1].

En los últimos años, cómplice la imposición de proyectos energéticos, agroindustriales, mineros y turísticos en el marco de la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)[2], el sur de Honduras vive una brutal escalada represiva.

El gran capital nacional y transnacional saboreó la posibilidad de multiplicar sus ganancias y se abalanzó sobre territorios y bienes comunes, profundizando las condiciones de miseria de la inmensa mayoría de las familias que viven en estas zonas.

El fraude electoral de 2017 desató una crisis a nivel nacional que agregó nuevos elementos de tensión y conflicto, desencadenando protestas masivas y una lucha tenaz desde el espacio “Bastión del Sur”.

En este contexto de sublevación popular, el proceso de organización y resistencia se ha enfrentado a la creciente militarización de territorios, la criminalización de la protesta social y la judicialización de líderes comunitarios.

En el ojo del huracán

La presencia cada vez más masiva de grupos económicos afines al presidente Juan Orlando Hernández, hizo que en el sur de Honduras se multiplicaran los ataques contra activistas sociales y defensores de la tierra y los bienes comunes, asegura Cofadeh en su informe.

Según el monitoreo realizado por la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (Redehsur), en los primeros meses del año se contabilizaron 102 agresiones en contra de personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El amplio subregistro existente en la elaboración del monitoreo, debido a la imposibilidad de movilización, seguimiento y acompañamiento durante la pandemia por Covid-19, nos devuelve un escenario aún más preocupante.

“Ataques físicos y verbales, intimidaciones, allanamientos, detenciones y asesinatos se han incrementado desde que Juan Orlando Hernández ha intensificado su presencia en la zona.

Hay una escalada de violencia contra quienes nos oponemos al robo de nuestras playas, de nuestras tierras. Policías y militares son cómplices de estas políticas depredadoras”, dijo Pedro Canales, miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza).

Extractivismo, la verdadera pandemia

Según él, tanto el régimen como los grupos económicos que han llegado al sur pretenden aprovechar la pandemia para meter más presión a las poblaciones locales.

“No hubo cuarentena para el extractivismo. Lo que tememos ahora es que quieran aprovechar los efectos de la crisis sanitaria y los mayores niveles de pobreza para chantajear a la población.

Van a tratar de inculcar la idea de que sus proyectos son la única oportunidad que tienen para sobrevivir, que no tienen alternativas y que deben aceptar las condiciones económicas y laborales que ellos ponen”, alertó Canales.

Leticia Flores, directora de Heks Honduras, recordó que el gran capital nacional y transnacional siempre ha presentado el modelo extractivista como fuente de desarrollo para las poblaciones locales.

“Hay personas que en su momento se lo creyeron, pero ya están recapacitando. Están entendiendo que estos proyectos responden a una política depredadora, que sólo busca despojar a las comunidades y saquear territorios y bienes comunes”, dijo.

En el boletín de Cofadeh se presentan casos concretos de represión, como el del padre Florentino Hernández en El Triunfo[3], de Aleyda Huete y otros activistas de Bastión del Sur, y de la comunicadora social Elia Hernández y de otros periodistas.

También los ataques contra las comunidades organizadas de Zacate Grande, el coordinador de MASVida, Germán Chirinos, y el asesinato de Iris Álvarez a manos de guardias de seguridad privada de la empresa azucarera La Grecia, en Choluteca.

Bertha Oliva, coordinadora general de Cofadeh, advirtió que tanto las inversiones como las concesiones siguieron independientemente de la crisis sanitaria.

“En el Congreso aprovecharon la imposibilidad de movilización de la población para aprobar leyes y decretos que profundizan el modelo extractivista.

Son decisiones que atentan contra el desarrollo sostenible, el trabajo digno y los derechos fundamentales.

La situación se va a poner aún más crítica y debemos seguir documentando y denunciando estas barbaridades”, manifestó Oliva.

Para la defensora de derechos humanos es imprescindible seguir articulando espacios de resistencia, lucha y participación ciudadana.

“Debemos seguir golpeando al invasor, a quienes pretenden despojarnos de nuestras tierras y convertir a Honduras en un enclave controlado por el gran capital”, concluyó Oliva.

Notas
[1] https://bit.ly/3dQF74a
[2] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
[3] http://www.rel-uita.org/honduras/mi-compromiso-es-con-la-liberacion-de-mi-pueblo/

Fuente: Rel UITA

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Nicaragua, realidad virtual y derechos humanos

July 6, 2020, 7:58 am
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El falso video documental de EAAF y SITU Research sobre Nicaragua producido para el grupo GIEI / OEA

Por Stephen Sefton | Tortilla con Sal

Desde enero de 2007, la industria occidental de los derechos humanos ha atacado al gobierno sandinista de Nicaragua por ser antidemocrático y represivo. Durante más de una década, el desarrollo social y económico de Nicaragua y los resultados de sucesivas elecciones democráticas contradijeron repetidamente esa narrativa mendaz. 

Frustradas por el embarazoso ejemplo del innegable soberano progreso social y económico, inspirado en el socialismo, de Nicaragua, las autoridades estadounidenses, durante varios años, prepararon, organizaron y finalmente apoyaron abiertamente el violento intento de golpe de Estado de abril de 2018.

Durante ese intento golpista y desde que fracasó, la industria de derechos humanos norteamericana y europea ha acusado falsamente a las autoridades nicaragüenses de haber reprimido brutalmente las protestas pacíficas de la oposición con una desproporcionada violencia letal. Al hacerlo, los informes de las organizaciones de derechos humanos han ignorado sistemáticamente numerosos delitos muy graves e incluso las masacres cometidas por la oposición de derecha en Nicaragua apoyada por el gobierno de los Estados Unidos de América  y sus aliados. Entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018, 23 policías fueron asesinados por activistas armados de la oposición quienes también infligieron heridas de bala a  400 oficiales policiales. Los informes de las organizaciones occidentales de derechos humanos han ocultado esa violencia deliberada y letal de la oposición al suprimir sistemáticamente el testimonio convencional de los testigos, las pruebas documentales y el material audiovisual.

Por el contrario, no existen pruebas categóricas que apoyan las acusaciones de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicaragua. Últimamente, las organizaciones de derechos humanos han tratado de superar esa ausencia de pruebas utilizando una innovadora técnica de reconstrucción de realidad virtual. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) publicó el 30 de mayo de este año un video documental resultado de una colaboración entre un organismo de la Organización de Estados Americanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el propio EAAF y una empresa con sede en Nueva York llamada SITU Research, que anteriormente había realizado reconstrucciones con técnicas  de realidad virtual para Amnistía Internacional, Human Rights Watch y un grupo de abogados ucranianos.

Tanto el GIEI como la EAAF y SITU Research han afirmado falsamente que su video documental demuestra que la policía nicaragüense utilizó disparos indiscriminados sin provocación para matar a manifestantes desarmados en 2018. Sin embargo, su vídeo no muestra imágenes de policías o partidarios sandinistas disparando contra los manifestantes y omite las conocidas imágenes de vídeo de los medios de comunicación opositores que muestran manifestantes de la oposición que portaban e incluso utilizaban armas de fuego letales. También omite el contexto esencial en que ocurrió la violencia armada de la oposición relacionada con los acontecimientos cubiertos por el vídeo documental. Tampoco examina la fuerte posibilidad de disparos de falsa bandera similares a los de los incidentes que tuvieron lugar en el Puente Llaguno en Caracas durante el fallido intento de golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela. El vídeo fue financiado con el apoyo de donantes corporativos, incluida la Open Society Foundation, conocida por apoyar el golpe de Estado en Ucrania además de intentos de cambio de régimen en otros países.

El video de la EAAF-SITU Research hace afirmaciones pseudo-científicas atribuyendo disparos letales a la policía o a los partidarios sandinistas, basadas en un análisis profesional de Knox Associates del sonido de los disparos. Como John Perry señala en su análisis del video, el informe de Knox deja claro que activistas de la oposición con armas de fuego estaban entre los manifestantes, como incluso reconoce de paso el informe del GIEI. Otras secuencias de vídeo facilmente accesibles muestran a activistas de la oposición portando rifles automáticos y utilizando pistolas automáticas muy cerca de los mismos lugares y alrededor de la mismas hora en que el vídeo afirma que la policía nicaragüense disparó sus armas. El vídeo del EAAF suprime esta información inconveniente. Asimismo, las imágenes del vídeo, elaborado por SITU Research con el apoyo de Knox Associates, confunden de forma inexacta las distancias desde las que se oyeron los disparos en el vídeo.

Esta confusión e inexactitud de SITU Research tiene antecedentes en su video sobre los disparos en Maidan de Kiev en Ucrania en 2014. El video de SITU Research que muestra algunos de los tiroteos de Maidan fue cuidadosamente analizado por Ivan Katchanovski de la Universidad de Ottawa. Katchanovksi concluye que "no se necesita ningún conocimiento experto o familiaridad con la masacre de Maidan o Ucrania para ver una flagrante tergiversación de los datos elementales en ese modelo 3D". Entre otras cosas, descubrió que el modelo 3D de SITU Research había desplazado la ubicación de las heridas para adaptarse a las conclusiones del vídeo. El análisis de Katchanovksi también se basa en pruebas omitidas por SITU Research que contradicen las afirmaciones en su video sobre Ucrania, de la misma manera que SITU y EAAF han suprimido deliberadamente las evidencias que contradicen las afirmaciones de su vídeo sobre Nicaragua.

Con sorprendente franqueza, Brad Samuels, socio fundador de SITU Research, ha declarado públicamente: "...se trata de no permitir que estas narrativas se conviertan en la razón por la que no hay responsabilidad... para que puedas centrarte en lo que sí sabes y creo que eso está en juego en todos los sentidos más de lo que jamás ha estado,... esta cuestión de la competencia de narrativas, afirmaciones de la verdad y hechos y eso es realmente de lo que se trata, de lo que este trabajo se trata".

Samuels aquí reconoce directamente que la investigación de SITU Research suprime las competidoras evidencias inconvenientes que contradicen la narrativa en la que SITU Research quiere enfocarse. Hicieron esto en el video de Ucrania y ahora lo han hecho también en el video de EAAF-SITU Research sobre los eventos en Managua del 30 de mayo de 2018. El video documental sobre Nicaragua de la EAAF y SITU Research refuerza de manera deshonesta los falsos informes del GIEI utilizados para justificar los ataques en la OEA contra el gobierno de Nicaragua.

Tanto el video documental del EAAF-SITU Research como los informes del GIEI excluyen o suprimen sistemáticamente las referencias al material audiovisual disponible aquí y aquí, las pruebas documentales, los testimonios de los testigos y los informes de prensa aquí, aquí, aquí, aquí y aquí, y un informe sobre el terreno de un veterano periodista independiente, todo lo cual cuestiona su versión de los hechos. El caso de Nicaragua es un ejemplo emblemático de cómo se ha subvertido la práctica de la investigación genuina de derechos humanos para producir informes muy sesgados de parte de organizaciones como el EAAF y SITU Research, que apoyan la agenda política de instituciones neocoloniales como la Organización de Estados Americanos.

Las poblaciones occidentales están prácticamente indefensas contra este tipo de tiranía de desinformación anti-democrática. Cooptadas por las élites corporativas, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos norteamericanas y europeas trabajan de cerca con sus contrapartes en la industria de los medios de comunicación corporativos y alternativos. Apoyan la política exterior de los países de la OTAN y corrompen a propósito el funcionamiento de las instituciones internacionales de derechos humanos según sea necesario para apoyar esa política exterior.

En la práctica, esto significa que realizan ataques frecuentes y oportunamente programados contra los países objetivos de gobiernos occidentales como Siria y Venezuela, y de manera conversa hacen ataques menos frecuentes y menos críticos contra, por ejemplo, Colombia o Israel. Los informes de la industria de los derechos humanos son puntos de referencia esenciales para la cobertura de asuntos exteriores de la prensa y los medios de comunicación, así como para los mensajes, a menudo extremadamente agresivos, de los medios sociales. Sus reportes también son aportaciones básicas a los procesos jurídicos internacionales de derechos humanos.

De esta manera, las organizaciones occidentales de derechos humanos amplían enormemente su alcance y su ámbito de mercado, haciéndose pasar falsamente como interlocutores imparciales en las instituciones mundiales de derechos humanos. El aura de sus mensajes influye en un enorme número de personas que ni siquiera leen sus informes. Esta aura es un producto de la industria de los derechos humanos de igual o mayor importancia que sus trabajos de investigación. Consolida su credibilidad institucional, y así mejora enormemente su capacidad para manipular la presentación de las noticias y los medios sociales.

Esta aura de marketing es más que una mera publicidad inauténtica para distraer el consumidor. Facilita la formación de la opinión internacional a favor de la agenda de los intereses corporativos y gubernamentales que invierten recursos en la industria de derechos humanos, precisamente para reforzar el poder e influencia de las élites occidentales. Deslegitima radicalmente la oposición al ilegítimo poder de las élites norteamericanas y europeas al establecer implícitamente límites a las opiniones y argumentos que serán tolerados y las que no. Las organizaciones y los líderes de derechos humanos logran este control no mediante el rigor intelectual o por medio de genuinos logros legítimos, sino por acumular un espurio prestigio público a través de la aceptación corporativa y gubernamental expresada en subvenciones y premios.

Esa inversión empresarial y gubernamental dota a las organizaciones de derechos humanos de dinero, estatus y buena voluntad, facilitando dos extremadamente cínicas estrategias fundamentales. Primero, la industria de los derechos humanos se comercializa a sí misma de manera deshonesta, pero muy poderosa, como si estuviera impulsada por una preocupación humanitaria y no por un sesgo ideológico, lo cual efectivamente desacredita y margina las críticas legítimas. En segundo lugar, la industria de los derechos humanos excluye o suprime sistemática y deshonestamente las pruebas que desacreditan los pretextos para la sádica agresión económica y militar norteamericana y europea contra países de todo el mundo, desde el Irán y Siria hasta Cuba y Venezuela.

El falso video documental de EAAF y SITU Research sobre Nicaragua producido para el grupo GIEI que reporta a la OEA es el más reciente ejemplo destacado de esta realidad. Es una pseudo-innovación, una repetición neocolonial de la dominación imperialista convencional que abandona y corrompe la verdad histórica para favorecer una narrativa al servicio de las élites occidentales. Confirma el famoso comentario de Rodolfo Walsh: "La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas" Qué amarga ironía que un grupo de derechos humanos de Argentina colabore en un proyecto que busca exonerar a los criminales apoyados por el gobierno de Estados Unidos, mientras demoniza a sus víctimas.

Fuente: Tortilla con Sal


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Nicaragua: Opositores en nómina de EEUU (+ video)

July 6, 2020, 10:40 am
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Comunicación "independiente", observación electoral y derechos humanos recibieron casi U$ 12 millones en 2018

Por LINyM

El viernes pasado (3/7) en el programa "Sin Fronteras", que dirige el periodista William Grigsby Vado, se presentaron las pruebas de algo que está de sobra conocido: Estados Unidos, a través de agencias gubernamentales y organizaciones privadas, ha estado financiando - y sigue haciéndolo - grupos de la oposición nicaragüense. Entre 2017 y 2018 fueron desembolsados casi U$ 28 millones. En especial en 2018, las principales organizaciones que impulsaron y/o apoyaron el fallido intento de golpe recibieron U$ 16 millones.

Entre los mayores beneficiarios figuran Grupo CINCO (Carlos Fernando Chamorro /Sofia Montenegro | Confidencial) con U$ 3.3 millones, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEEPP (Félix Maradiaga) con U$ 2.1 millones, Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH (Marcos Carmona) con U$ 2 millones, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH (Vilma Núñez) con U$ 1 millón y Grupo Ética y Transparencia (Roberto Courtney) también con U$ 1 millón.

En nómina de USAID también el Movimiento por Nicaragua MpN (Violeta Granera) con U$ 803 mil, Hagamos Democracia (Luciano García) U$ 800 mil, Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Cristiana Chamorro) U$ 600 mil, un supuesto Movimiento Campesino (¿Medardo Mairena?) U$ 240 mil, la dirección ejecutiva de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia U$ 212 mil, Fundación Popol Na (Mónica López B.) U$ 208 mil, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH (Álvaro Leiva) U$ 200 mil y el Movimiento Autónomo de Mujeres MAM con U$ 154 mil.

Los rubros de comunicación, observación electoral y derechos humanos recibieron el 75% de los fondos (U$ 12 millones).

Estos sólo son los fondos recibidos de USAID y algunas otras agencias estadounidenses. A esos habría que sumar los que las organizaciones opositoras - incluyendo a un amplio abanico de dizque 'medios independientes" - recibieron tanto de otras organizaciones (Open Society Foundation por ejemplo), como de  gobiernos y agencias europeas. 

Aquí el video del programa y más detalles sobre el financiamiento que recibe y sigue recibiendo la oposición en Nicaragua.


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Nicaragua: Carta abierta a GIEI y EAAF sobre falso video documental

July 9, 2020, 11:00 am
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Se plantean 13 preguntas claves a los autores del documento

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 8 de julio, Alliance for Global Justice de Estados Unidos y Nicaragua Solidarity Campaign Action Group del Reino Unido publicaron el texto de una carta abierta enviada al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua (GIEI), al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y a la empresa estadounidense SITU Research, expresando preocupación por lo que creen que son "deficiencias muy graves en el vídeo documental publicado el 30 de mayo de este año, sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de tres ciudadanos nicaragüenses, que se manifestaban contra su gobierno el 30 de mayo de 2018".

En los días pasados, el escritor Stephen Sefton había publicado una nota en en la página Tortilla con Sal titulada "Nicaragua, realidad virtual y derechos humanos", donde cuestiona la veracidad de un video documental que pretende demostrar que la Policía nicaragüense disparó de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en el marco de la movilización del 30 de mayo de 2018.

Decenas de organizaciones y personas de diferentes países apoyaron y firmaron la carta abierta en la que se plantean trece preguntas claves a los autores del video documental.

"Esperamos con interés conocer sus observaciones en respuesta a nuestras preguntas", concluye la carta.

A continuación el texto completo del documento y las firmas.

CARTA ABIERTA

Presidente de la CIDH: Sr. Joel Hernández García
Primera vicepresidenta de la CIDH: Sra. Antonia Urrejola Noguera
Segunda vicepresidenta de la CIDH: Sra. Flávia Piovesan
Miembros del GIEI: Sr. Amerigo Incalcaterra, Sra. Sofía Macher,
Sr. Pablo Parenti y Sra. Claudia Paz y Paz Bailey
EAAF: Sra. Mercedes Doretti, Directora Programática Centro y Norteamérica
SITU: Brad Samuels, socio 

Objeto: Informes de la CIDH sobre acontecimientos en Nicaragua

Les escribimos para expresar nuestra preocupación por lo que creemos que son deficiencias muy graves en el vídeo documental que el Equipo Argentino de Antropología Forense con el apoyo de SITU Research de Nueva York publicaron el 30 de mayo de este año, sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de tres ciudadanos nicaragüenses que se manifestaban contra su gobierno dos años antes, el 30 de mayo de 2018.

Si bien su vídeo documental reconoce que no hay pruebas concluyentes, sigue sosteniendo que las pruebas circunstanciales sugieren de manera abrumadora que agentes de policía armados o partidarios de los sandinistas mataron indiscriminadamente a esos tres manifestantes citados, así como a otras personas que también murieron a tiros en el mismo conjunto de incidentes. Su vídeo documental reconoce que dos sandinistas también fueron muertos a tiros en incidentes relacionados ese día, pero ha decidido omitir cualquier consideración sobre cómo y por qué estas dos personas fueron asesinadas.

Su vídeo documental refuerza la injusta y muy deshonesta afirmación de la oposición política de Nicaragua, la cual ha sido repetida, sin ningún intento serio de corroboración independiente, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos: que el gobierno sandinista utilizó deliberadamente una fuerza letal desproporcionada contra manifestantes pacíficos durante el violento y fallido intento de golpe de Estado entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018.

Tenemos las siguientes preguntas acerca de este video documental para que sus organizaciones las respondan en aras de la transparencia institucional, el debate democrático y una auténtica rendición de cuentas.

• ¿Por qué el vídeo documental menciona el asesinato de dos sandinistas sin señalar que probablemente fueron asesinados a tiros por activistas armados de la oposición, lo que socavaría completamente la afirmación del vídeo documental de que los manifestantes de la oposición estaban desarmados y eran pacíficos? ¿Se trata de descartar la probabilidad de que los tres manifestantes de la oposición en la que se centra su vídeo documental hayan sido muertos en un intercambio de disparos? Éste comenzó en circunstancias sobre las que hubo versiones contradictorias. ¿Por qué su vídeo documental suprime completamente toda discusión sobre ese hecho?

• ¿Por qué ha omitido de su vídeo documental un reportaje de vídeo del medio de comunicación de la oposición Radio Corporación y otros vídeos fácilmente accesibles que muestran activistas de la oposición portando armas de fuego, incluidos fusiles automáticos, que disparaban pistolas automáticas, en la tarde del 30 de mayo de 2018, cerca de la zona desde la que afirma que se efectuaron los disparos mortales que causaron la muerte de los tres manifestantes que son el eje de su video documental?

• ¿Por qué su vídeo documental no menciona las heridas por disparos en el mismo conjunto de incidentes cubiertos en su video documental de 20 oficiales de policía, un hecho que contradice completamente la sugerencia de que todos los manifestantes de la oposición estaban desarmados y eran pacíficos?

• ¿Por qué en su vídeo documental se retrata a la policía y a los policías voluntarios con armas automáticas sin explicar que la razón por la que están armado? Dos días antes, en la misma zona de los incidentes cubiertos por su vídeo, un policía resultó muerto y cinco policías heridos por activistas armados de la oposición, impidiendo que esos policías acudieran en ayuda de más de 20 trabajadores de Nueva Radio Ya atacados por aquellos?

• ¿Por qué su vídeo documental no muestra imágenes del uso de armas de fuego por parte de la policía que mostrarían que había antecedentes que ustedes argumentan que fueron los acontecimientos del 30 de mayo de 2018, a pesar de la afirmación en su vídeo documental de que sus organizaciones han revisado miles de vídeos que muestran ejemplos de represión policial?

• ¿Por qué su vídeo documental omite mencionar que diversos documentos oficiales, informes de prensa y testimonios de testigos contradicen la versión de los hechos que presenta su vídeo documental?

• ¿Por qué su vídeo documental omite la fuerte probabilidad de un ataque de falsa bandera similar al del Puente Llaguno en Caracas durante el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002, ya que cualquier relato serio de los acontecimientos analizados por su vídeo documental habría señalado tales hipótesis contrarias y explicado por qué deben ser descartadas?

• ¿Por qué su documental de video no da seguimiento a la evidencia en el análisis de sonido del informe de Knox Associates de los tres tiroteos que menciona "un arma de fuego descargada cerca de la cámara de video. Es difícil determinar qué tipo de arma de fuego es, ... Podría ser una pistola semiautomática o un rifle", aparentemente refiriéndose a un arma usada por los manifestantes opositores.

• ¿Por qué su documental de video no caracteriza correctamente la ubicación de los policías que enfrentaban a los manifestantes en la Avenida Universitaria? Las imágenes de vídeo del 30 de mayo de 2018 los sitúan en un cruce de calles a 175 metros de la barricada, mientras que un mapa en el sitio web de su archivo muestra que la policía estaba aún más cerca. Una comparación del mapa en su video con los mapas de Google indica claramente que no está a escala, y de hecho muestra un radio de 145-215 metros, lo que significa que la policía no estaba en el lugar desde el cual su experto en armas de fuego dijo que se hicieron los disparos fatales.

• ¿Por qué su vídeo documental sólo investiga los tres disparos supuestamente responsables de la muerte de los tres manifestantes en los que se concentra, dado que las pruebas de Knox Associates, aunque sólo cubren unos pocos minutos, indican que hubo otros intercambios de fuego, al parecer de ambos lados?

• En este contexto, ¿por qué el video ignora la admisión en la página 164 del informe original del GIEI, de "la presencia de cuatro personas armadas entre los manifestantes" [GIEI "Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018,"], que parece referirse al mismo incidente en la Avenida Universitaria que se observa en el video documental?

• ¿Por qué la investigación que se muestra en su vídeo documental se limita a los acontecimientos en el lado oeste del estadio cuando se estaban produciendo otros tiroteos en el lado este, y éstos habrían ocasionado la respuesta de la policía en toda la zona del estadio, especialmente si estaban bajo fuego o lo habían estado recientemente, como ocurrió el 28 de mayo?

• SITU Research y EAAF reconocen el apoyo financiero de fuentes corporativas en los Estados Unidos, entre las cuales se incluye la Open Society fundación, lo que sugiere un fuerte componente ideológico en la producción de este video, ¿quién financió a sus organizaciones para producirlo y cuánto dinero invirtieron?

Esperamos con interés conocer sus observaciones en respuesta a nuestras preguntas.

Alliance for Global Justice (USA) 
Nicaragua Solidarity Campaign Action Group (UK)
 
Firman también :
Blanca Segovia Sandino Arauz, Hija del General Augusto C. Sandino, Nicaragua
Camilo Mejia, Defensor de Derechos Humanos y anteriormente Prisionero de Conciencia de Amnistía Internacional, Miami, EE.UU.
Patricia Villegas, Presidenta de TeleSur, Venezuela
S. Brian Willson, Veterano de guerra, autor, abogado, Granada, Nicaragua
Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo en Washington D.C.

Y también por los individuos y organizaciones en Nicaragua, EE.UU. y Europa que se enumeran a continuación :

Adrian Martínez Rodriguez, Secretario General , Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia de Nicaragua CTCP Nicaragua
Al Burke Editor, Nordic News Network Suecia
Alberto Martínez Vargas, Jubilado Nicaragua
Alexandra Valiente, Editor Internationalist 360° Canada
Andrea Pérez Espinoza, Politólogo Nicaragua
Andreia Vizeu, Educadora EE.UU.
Anne Mitchell, Vice Principal (jubilada) EE.UU.
Antonio Espinoza, Confederación Sindical de Trabajadores de la Agroindustria de Nicaragua CONFEDERACIÓN AGROINDUSTRIA Nicaragua
Arnold H. Matlin, M.D., F.A.A.P., Médico pediatra EE.UU.
Augusto Enrique Castillo Sandino, Familia del General Augusto C. Sandino Nicaragua
Aurora Elena Baltodano Toledo, Activista de la solidaridad Italia
Becca Mohally Renk, Jubilee House Community Nicaragua
Ben Norton, Escritor y editor de The Grayzone EE.UU.
Calvin McCoy, Nicaragua Solidarity Ireland Irlanda
Carlos José Hurtado Ordoñez, Técnico Nicaragua
Carlos José Martínez Hernández Editor, Radio La Primerísima Nicaragua
Cecilia Herrero, Pintora Argentina
Coleen Littlejohn, Economista (jubilada) Nicaragua
Comité Ejecutivo, Foro Sao Paulo, Washington D.C.  Maryland y Virginia, EE.UU.
Committees of Correspondence for Democracy and Socialism, Organización de solidaridad EE.UU.
Coordinamento Associazione Italia Nicaragua, Organizacion de la Solidaridad (Milan) Italia
Courtney Childs, Committees of Correspondence for Democracy and Socialism EE.UU.
Dan Kovalik,Abogado y Profesor de Derechos Humanos EE.UU.
Daniel Hopewell, Director de ONG de desarrollo comunitario Reino Unido
Daniel Shaw, Profesor universitario EE.UU.
David Paul, Enfermero EE.UU.
Declan McKenna, Nicaragua Solidarity Ireland Ireland
Diana Bohn, Activista de solidaridad EE.UU.
Domingo Francisco Peréz Zapata, Secretario General, Unión Nacional de Empleados Públicos de Nicaragua UNE Nicaragua
Dr Francisco Dominguez, Profesor universitario Reino Unido
Dr. Agustín Velloso Santisteban, Profesor universitario España
Edgardo Garcia, General Secretary, Asociación de Trabajadores del Campo Nicaragua
Enrique Castillo Delgado Técnico, marido de Blanca Segovia Sandino Arauz Nicaragua
Erika Takeo, Coordinadora, Amigos de la ATC Nicaragua
Evile Umaña, Secretaria General, Central de Trabajadores de Salud de Nicaragua FETSALUD Nicaragua
Fausto Torrez, Secretario de Relaciones Internacionales, Asociación de Trabajadores del Campo Nicaragua
Fredy Franco, Secretario General, Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior FEPDES-ATD Nicaragua
Friends of Latin America, Organización de la solidaridad EE.UU.
Gimmi Maria Cristini, Activista de la solidaridad Italia
Herman van de Velde, Pedagogo (jubilado) Nicaragua
Janet Pavone, Pintora Reino Unido
Jennifer Atlee, Friendship Office of the Americas EE.UU.
Jeremy Cerna, Escritor Alemania
John Perry, Investigador en temas de vivienda Nicaragua
Jon Barrenechea, Ejecutivo cinematográfico Reino Unido
Jorge Capelán, Periodista Nicaragua
José Angel Bermudez, Secretario Ejecutivo, Frente Nacional de los Trabajadores FNT Nicaragua
Judith Bello, Activista anti-militarista EE.UU.
Julio César Castillo Sandino, Familia del General Augusto C. Sandino Nicaragua
Karen Sharpe, Editora Francia
Kevin Zeese, Popular Resistance (medio de Internet) EE.UU.
Lauren Smith, Periodista independiente EE.UU.
Leonardo Flores, Politólogo EE.UU.
Les Blough, Periodista Venezuela
Lisa Klein, Estudiante Alemania
Lucy Pagoada, Profesora EE.UU.
Luis Adolfo Barboza Chavarría, Secretario general, Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar, CST-JBE Nicaragua
Madeliene Kießling Klein, Jubilada Alemania
Magda Lanuza, Trabajadora comunitaria y escritora Nicaragua
Margaret Flowers, Popular Resistance (medio de Internet) EE.UU.
Maria de los Angeles Obando Medina, Secretario general Confederación de Trabajadores de la Pesca de Nicaragua, CONFEPESCA Nicaragua
Maritza Castillo, Activista de la solidaridad Nicaragua
Maritza Espinales, Secretaria General, federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios FESITUN Nicaragua
Mark Mayer, Activista de la solidaridad EE.UU.
Martin Mowforth, Environmental Network for Central America. Reino Unido
Martin Roger, Nicaragua Solidarity Campaign Reino Unido
Max Blumenthal, Escritor y editor de The Grayzone EE.UU.
Michael Boudreau, Compas de Nicaragua Nicaragua
Miguel Mairena, Misionera de la iglesia United Methodist Mexico
Mike Woodard, Jubilee House Community Nicaragua
Mitchel Cohen, Autor EE.UU.
Nan McCurdy, Misionera de la iglesia United Methodist Mexico
Nora Mitchell, McCurdy Investigadora Nicaragua
Paul Richard Harris, Periodista, Canadá
Paul Peulevé Baker, Coordinador Ode to Earth Nicaragua
Professor Jose Antonio Zepeda, Secretario General, Confederación de Trabajadores de la Educación de Nicaragua CGTEN-ANDEN Nicaragua
Professor Michel Chossudovsky, Fundador y Director del Centre for Research on Globalization Canada
Richard Kohn, Ph.D Profesor universitario EE.UU.
Richard Lanigan, Médico y chiropractor Reino Unido
Richard Luckemeier, P.E. Ingeniero de sistemas de agua EE.UU.
Rita Jill Clark-Gollub, Traductora EE.UU.
Robert Navan, Nicaragua Solidarity Ireland Irlanda
Roger Stoll, Escritor EE.UU.
Sandra Edith Baltodano Gutierrez, Activista de la solidaridad Italia
Scott Hagaman, Médico EE.UU.
Sofía M Clark, Politóloga Nicaragua
Stansfield Smith, Escritor EE.UU.
Stephen Sefton, Trabajador comunitario y escritor Nicaragua
Susan Lagos, Maestra jubilada, activista, traductora Nicaragua
Walter Ramiro Castillo Sandino, Familia del General Augusto C. Sandino Nicaragua
William Camacaro, Activista de solidaridad con Venezuela EE.UU.
William Grigsby Vado, Presidente Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense (APRANIC) y Director General Radio La Primerísima Nicaragua
Zoltan Tiroler, Asociación de Amistad Suecia-Cuba Suecia



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República Dominicana: Covid-19...¿y los responsables?

July 13, 2020, 2:00 pm
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EFE
Por Narciso Isa Conde

La verdad es que no es cosa de genios pensar y vaticinar lo que ha pasado con la pandemia, comenzando por el contagio inicial  a causa de la resistencia a cerrar los aeropuertos para defender intereses de los magnates del turismo, seguido del primer brote posterior a unas elecciones municipales realizadas a la "cañona".
No queríamos tener razón, más bien deseábamos equivocarnos. Pero para colmo, la aventura criticada se repitió en varias oportunidades con una emergencia y una cuarentena mal manejadas, una apertura económica inoportuna y sin posibilidades de cuajar, la convocatoria a elecciones presidenciales y congresuales "sí o sí", una campaña electoral clientelista e irrespetuosa de normas sanitarias vitales, y votaciones y celebraciones altamente contaminantes.
El rebrote no se hizo esperar… hasta generar la alarma y los peligros actuales, quedando pendiente la sumatoria de lo acontecido al finalizar la campaña y en  los comicios del 5 de junio, que podría generar algo peor. La salud y la vida de tanta gente nunca ocuparon el primer lugar de atención de la clase dominante-gobernante; no conmovió los corazones de partidocracia, grandes empresarios y tutores supranacionales movidos fundamentalmente, o por el dinero, o por la ambición y dominio sobre el Estado y el territorio nacional.
En materia de "Estado de Emergencia" y "Cuarentena" primó el "comesolismo", el afán de control autoritario, el ventajismo electoral, el uso clientelista del poder, el empleo de dinero sucio acumulado en ocho años de corruptela y la oportunidad de robar con las ventajas que permiten los atributos excepcionales de la emergencia.
Esto, a su vez, generó en la cúpula opositora -puntera en cuanto a respaldo de electores- enormes tensiones que la condujeron a intensificar sus prácticas clientelistas, al empleo de recursos espurios y a riesgosas complacencias con la cúpula empresarial. ¡Hay criminalidad sistémica compartida y responsables impunes en esas decisiones genocidas,  que la historia habrá  de juzgar y castigar!
No cuestiono la justeza del inmenso anhelo popular de castigar todo eso y muchas  perversidades previas. Incluso es explicable el interés la mayoría de los votantes y de la propia partidocracia opositora en desplazar al PLD. Pero es injustificable el desprecio esencial del PRM y aliados, y de todo el abanico defensor de este sistema de dominación, respecto al  previsible impacto trágico de  una apertura económica, una campaña electoral y unas votaciones evidentemente a destiempo y reñidas con la salud y la vida de esta sociedad.  

Ciertos motivos justos no eximen las culpas en tragedias expresamente provocadas y, además, previsibles.



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Honduras: La comunidad LGBTI nuevamente de luto

July 13, 2020, 2:57 pm
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Asesinan a activista de la Asociación Arcoíris

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Honduras sigue siendo uno de los países más letales para las personas LGBTI. La noche del 10 de julio, Scarleth Campbell, mujer trans activista de la Asociación Arcoíris Honduras, una de las organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual, fue asesinada de varios balazos por desconocidos en un barrio de la capital.

Para la Asociación Arcoíris, la defensora de derechos humanos fue víctima del odio y la violencia que impera en Honduras. “Rechazamos todo acto de odio, estigma y discriminación hacia nuestra población LGBTI”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

Scarleth Campbell integraba el grupo Muñecas de Arcoíris, creado en 2008 por varias mujeres trans de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela bajo la personería jurídica de la Asociación Arcoíris Honduras.

El objetivo del grupo es promover un espacio de reunión para las chicas trans trabajadoras sexuales de dichas ciudades, para informar sobre diferentes temas de importancia para la población trans.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDH), son 10 las mujeres trans asesinadas en lo que va del año.

El Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de Red Lésbica Cattrachas calcula que son 361 las personas LGBTI asesinadas después del golpe de Estado de 2009.

El año pasado ha sido el más nefasto para la comunidad LGBTI hondureña con 41 muertes violentas, la cantidad más alta registrada en la última década.

De todos estos casos, 71 fueron judicializados, pero solamente 28 llegaron a una sentencia condenatoria, es decir menos del 8 por ciento.

La misma Asociación Arcoíris señala que en Honduras se mata, en promedio, a una persona LGBTI cada 11 días, 33 por año. Más del 90 por ciento de estos casos quedan impunes.

“Esto también es producto de un Estado fallido que no respeta la laicidad, desde la imposición de preceptos religiosos que no responden a las demandas y problemas de poblaciones en riesgo social y de mayor vulnerabilidad.

Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva del asesinato que no revictimice a la defensora, a fin de que se haga justicia para ella y toda la comunidad LGTBI”, reclamó la organización que defiende los derechos de la diversidad sexual.

La solidaridad, los abrazos

En reiteradas ocasiones, tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado la urgencia de tomar medidas concretas para la protección de las personas de la diversidad sexual.

La OACNUDH Honduras condenó el asesinato de Scarleth Campbell y pidió al Estado de Honduras realizar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial “que considere como hipótesis la motivación basada en prejuicios y/o discriminación por la identidad o expresión de género de la víctima”.

Diferentes organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI se pronunciaron ante este nuevo asesinato, abrazando a la Asociación Arcoíris de Honduras y a todas las personas de dicha comunidad.


Fuente: Rel UITA


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